Santiago, 18 de abril de 2020

Ante las medidas implementadas en este Estado de Catástrofe por el Ministerio de Educación, respecto al período escolar 2020 y en el contexto de pandemia por Covid-19 en Chile, que afectan a nuestras comunidades educativas y a los más de 5 millones de estudiantes del sistema educativo[1], el Foro por el Derecho a la Educación Pública y las organizaciones que lo componen manifestamos nuestro rechazo a éstas por lo siguiente:

1. Las clases presenciales se suspendieron desde el lunes 16 de marzo ante la espiral de crecimiento de contagios. Unos días después se habilitó la educación en línea, sin considerar si estudiantes tenían computadores y/o Internet, si docentes estaban capacitados para trabajar en esas plataformas y si había condiciones adecuadas para continuar el proceso pedagógico en los hogares.
2. La suspensión de clases presenciales afectó diversos servicios básicos que se entregan desde los centros educativos, como: la entrega regular de alimentación escolar, textos escolares y caja pedagógica, la vacunación iniciada en los establecimientos y otros programas de salud asociados. Por ejemplo, el proceso de entrega de las canastas de alimentación de JUNAEB a estudiantes más vulnerables no se ha cumplido en tiempo y forma. Se ha denunciado la falta de productos, entrega de alimentos en mal estado y estudiantes que se quedaron sin recibir el beneficio. La autoridad no se hace responsable por estas faltas, tampoco hay fiscalización ni acciones de reparación.
3. El MINEDUC actúa como si éste fuera un año normal de clases, manteniendo la exigencia de trabajo curricular para estudiantes, docentes y sus familias, obligando a adaptar la rutina. Hay una importante cantidad de niños, niñes y niñas que viven hacinadas, quienes además presentan estados de estrés y traumas. Durante la pandemia han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar y casos de femicidio. Quienes permanecen trabajando, tienen sobrecarga laboral. Entre docentes se manifiesta agobio por alargue de horas laborales, adaptación y recepción de instrucciones curriculares propias de la enseñanza formal por teletrabajo, asistiendo paralelamente a las necesidades de sus hijas/os/es y de adultos mayores en el hogar, asumiendo una doble jornada laboral, principalmente las mujeres. Las y los trabajadores de la educación, que realizan turnos éticos, no cuentan con protocolos ni condiciones sanitarias adecuadas para evitar el contagio, asistiendo a largas jornadas laborales solo para cumplir el horario impuesto, quienes incluso reciben amenazas de sostenedores por protestar. La educación en línea no es inclusiva, no garantiza la equidad y no genera aprendizajes a les estudiantes, generando mayor exclusión para quienes tienen necesidades educativas especiales (NEE), estudiantes de escuelas rurales, de la educación técnico profesionales, entre otros. Estudiantes de universidades privadas y públicas han impulsado paros debido a la falta de respuestas al endeudamiento y condiciones adecuadas para un aprendizaje a distancia.
4. A la fecha no existe un Plan de Emergencia Educativa Humanitaria por parte de las autoridades que apunte a un resguardo de la comunidad educativa del sistema (estudiantes, trabajadores/as y familias), especialmente en la educación pública. El ministro Raúl Figueroa decreta el adelanto de las vacaciones de invierno para el retorno a clases, precisamente al momento de mayor número de contagios. No existe una política clara que resguarde los derechos humanos de toda la ciudadanía y a las comunidades educativas. Por ejemplo, la reasignación de recursos en la glosa presupuestaria en educación atenta directamente contra programas de apoyo a escuelas y liceos, como a sus trabajadores/as asociados a ella, al mismo tiempo precariza un sistema ya en crisis. Se está utilizando esta pandemia para adoptar medidas de este tipo, sin pensar en las consecuencias que ello trae, la explotación de la mano de obra y la precarización de la salud mental.

Esta pandemia ha permitido visualizar cómo se acentúan las desigualdades educativas, económicas y culturales de la mayoría de les estudiantes de Chile. Denunciamos que el gobierno de Sebastián Piñera se está aprovechando de esta crisis para acelerar la privatización de la educación pública y la precarización de quienes participan en ella.

Desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública seguiremos denunciando el daño que generan a la comunidad y al país políticas educativas neoliberales y trabajando en la construcción de una educación pública, transformadora, democrática y digna para todas, todes y todos en Chile.

[1] Según datos del Mineduc, al año 2019 habían 800.040 estudiantes en la educación preescolar, 2.045.552 en la educación básica, 1.017.451 en la enseñanza media y 1.262.771 en la educación superior.

Descargar declaración: DECLARACIÓN FODEP 18 abril 2020